POR SARA DELGADO ·- 26/09/2016
Caleta Olivia tiene lo que muchos pueblos en transición a ciudad: esa indefinición en donde todos se conocen pero empiezan a pasar cosas que antes no. No es una localidad sencilla, tiene varios conflictos sociales. La Ruta Nacional 3 que la conecta a todo está cortada cada dos por tres: si no es por petroleros, por desocupados o municipales. Tiene un índice delictivo que no se muestra, pero que se siente en las crónicas periodísticas. El cuentito de que “los chorros vienen de Comodoro Rivadavia”, a 70 kilómetros de distancia, ya no funciona. Caleta es, dicho por un jefe policial, la única localidad en donde se fabrican armas tumberas en toda Santa Cruz. Además, le corresponden la mitad de las recompensas que el Ministerio de Justicia de la Nación otorgó a la Provincia por desapariciones y crímenes violentos sin resolver.
Los fines de semana en Caleta son de juntarse en casa de alguno a “volarse la pecula” y después dar “la vueltita” en el auto por la costanera. Gustavo pudo haber hecho algo de eso. Dicen que tomó, y que también pudo haber consumido drogas.
Todavía no se sabe bien por qué, pero esa noche lo dejaron solo. A las 6:30 del domingo un patrullero lo encontró cerca de las escalinatas que acompañan la pendiente de un cerro a pocas cuadras del “Gorosito”, el Monumento al Obrero Petrolero que caracteriza a Caleta. Según dijeron los oficiales, tenía los pantalones bajos y el torso desnudo. Se le acercaron con la intención de “darle una mano” creyendo que quizás le habían robado o lo había atacado una patota.
Gustavo estaba inquieto, sudaba. Creía que se le había metido el Diablo en el cuerpo, y balbuceaba. Aun así, la policía lo redujo, le clavó las esposas y lo llevó a la comisaría. El motivo, “el sujeto se tornó agresivo contra el personal policial”, dirían después.
La policía lo llevó a la Seccional Primera como “contraventor”. Dijeron que no paraba de delirar con la posesión demoníaca y que nunca lo metieron a un calabozo, sino que lo dejaron en un cuarto esposado, con las manos atrás de la espalda. Que ahí, en pleno ataque de nervios en los que se revolcaba por el piso, Gustavo tuvo convulsiones, se ahogó con su vómito y se murió.
Todo quedó certificado en el Informe de Néstor Vera Maidana, un forense que durante muchos años fue el médico de la Policía de Santa Cruz. Según la autopsia del profesional, Gustavo había consumido cocaína y alcohol y, si presentaba marcas en su cuerpo, estas correspondían “al forcejeo lógico” que tuvieron que hacer los agentes para esposarlo.
Nunca avisaron a su familia que Gustavo estaba en la comisaría como contraventor. La noticia de su muerte se comunicó casi ocho horas más tarde. “Fue por una sobredosis”, le dijeron a su hermana Sandra.
“Yo sabía de los problemas de mi hermano con las drogas” contó ella. Y por eso no desconfió hasta que fue a reconocer a Gustavo a la morgue. “Lo descubro y era toda carne picada”.
Tenía la cara llena de moretones. Hilos de sangre que siguieron brotando post mortem, las muñecas estalladas, hematomas en omóplatos y otros enormes en las caderas. Como si lo hubieran pateado en el piso.
Sandra no tuvo dudas. Sacó fotos del cadáver y se las llevó al fiscal Gabriel Nolasco Contreras Agüero, que a esa hora ya le había pedido al juez Mario Albarrán que apartara a la Policía de Santa Cruz de la investigación y secuestrara los libros de guardia del domingo.
Las fotos del cuerpo golpeado, desnudo y sobre la chapa de la morgue todavía circulan por Facebook, aunque la red social se ocupó de eliminar algunos contenidos. “Yo no iba a quedar como una loca. A mi hermano lo molieron a palos”, dijo Sandra. Hay imágenes del ataúd y hasta capturas de pantalla de conversaciones de WatsApp que se filtraron: un grupo de policías se burla de la muerte de Gustavo.
“Queda lindo ahí jajaja” escribió un agente de la comisaría al ver la imagen de Gustavo en el cajón, adornado con una remera negra de rock encima del pecho. Las capturas pasaron de mano en mano en cuestión de minutos.
capturaEl miércoles una multitud acompañó el pedido de justicia. Cuatro cuadras de gente se juntaron a los pies del monumento para exigir que los responsables de la muerte del “Cabezón” pagasen por el crimen. Desde ahí, esa gran masa de gente que en su mayoría no conocía a Gustavo marchó tres cuadras hasta la comisaría.
Sí, hubo incidentes, hubo piedrazos, hubo “eh cana puto, salí”, también “milicos asesinos”. Puteadas a gritos, cantados y en pintadas a la fachada de la Seccional. Pero también hubo represión: balas de goma, gases lacrimógenos, corridas durante varios minutos. Madres huyendo con sus chiquitos en brazos, abuelos cayendo de rodillas al pavimento. Miedo, mucho miedo.
Al cabo de cuatro días de la muerte de Gustavo, el secretario de Seguridad, Lisandro de la Torre, anunció la separación del comisario de la Primera, Fabián Gatica, y los sumarios para todo el personal de guardia ese día.
El fiscal Contreras Agüero le dijo a Cosecha Roja que se va a investigar si hubo “negligencia” policial y buscará saber “por qué si a Gustavo Geréz lo vieron intoxicado, no llamaron a una ambulancia en vez de llevarlo detenido”.
Desde Caleta Olivia, donde se reunió con familiares del chico y con el juez Albarrán, Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo a Cosecha Roja, que “vamos a pedirle al juez que se investigue para llegar a la verdad. Por omisión o responsabilidad directa, acá hay responsabilidad de la policía”. Es que “ningún cuadro de intoxicación o delirio puede ser trasladado a una Comisaria. Siempre a una hospital y llamar a la ambulancia” apuntó.
Hará cosa de un mes, en la televisión pública provincial y en la radio estatal, el Gobierno empezó a difundir un spot de DDHH “para que conozcas tus derechos” en el que te dicen que si la policía te encuentra, por ejemplo borracho, no te puede detener.
Se espera que en estos días se pueda exhumar el cuerpo de Gustavo, para que un perito de parte actúe y dé una segunda opinión. En Santa Cruz, sin ser querellante no hay chances de acceder al expediente y por eso Sandra, la hermana del “Cabezón”, contrató los servicios de un abogado particular, Alberto Luciani.
La última información del caso es que el juez de Instrucción ordenó una Junta Médica que estará integrada por tres médicos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Río Gallegos. La justicia también duda del forense.
